El director de la Unidad Especializada Anticorrupción, Eugenio Campos, presentó avances en la investigación sobre el Caso Convenios, que involucra irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de fundaciones. La fiscalización interinstitucional busca esclarecer los delitos de malversación, fraude al fisco y otros ilícitos.
La Fiscalía está investigando irregularidades por más de 65 mil millones de pesos en el Caso Convenios, que involucra a diversas fundaciones y corporaciones vinculadas a organismos estatales. Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción, detalló los avances de la investigación durante una presentación ante la Comisión Especial Investigadora de la Fundación Procultura.
Según informó la Cámara de Diputadas y Diputados, Campos explicó que hasta la fecha se han identificado 134 Rut de Única Causa relacionados con el caso, y más de ocho fundaciones están bajo investigación.
Antofagasta, la región con más casos
La región de Antofagasta concentra la mayor parte de las investigaciones, con 32 casos abiertos, y tres regiones más están siendo investigadas por delitos de malversación, fraude al fisco y otros delitos cometidos a través de convenios entre fundaciones y el Estado.
A nivel nacional, 11 personas jurídicas han sido formalizadas y 41 personas están imputadas, con un foco especial en la región del Biobío, donde se han formalizado a 21 personas y se han impuesto medidas cautelares a 22 individuos. En las regiones de Los Lagos y La Araucanía, se investigan montos millonarios: 15 mil millones de pesos en la primera y 44 mil millones en la segunda.
Procultura
En el caso específico de la Fundación Procultura, se investiga un total de seis mil millones de pesos, con implicaciones en siete regiones. Aunque el Consejo de Defensa del Estado (CDE) no ha formalizado causas contra esta fundación, se han tomado medidas para recuperar los fondos perdidos, como el reintegro de 2.424 millones de pesos en convenios regionales y 789 millones en los del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
La jefa de la División de Defensa Estatal del CDE, Paulina Retamales, destacó la prioridad de recuperar los fondos y la implementación de medidas precautorias en el proceso. En la región de Antofagasta, se están buscando inmuebles que, en caso de una sentencia favorable, permitirían recuperar los recursos mediante remates.
Durante la sesión, los parlamentarios también abordaron medidas preventivas, como la importancia de implementar un informe previo a la entrega total de fondos y mejorar la fiscalización de los contratos para evitar casos similares en el futuro. La falta de personal en las instituciones encargadas de la fiscalización es una de las principales barreras identificadas.
Por su parte, Nerina Paz, directora subrogante del Serviu de Valparaíso, explicó los procesos de trazabilidad de los convenios con la Fundación Procultura en su región. A su vez, el Gobernador de Magallanes, Jorge Flies, lamentó la investigación en su territorio, relacionada con proyectos culturales de la fundación.
La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las irregularidades y recuperar los fondos públicos desviados, mientras que el caso sigue generando controversias políticas y judiciales.
